Las mujeres han aumentado su participación en actividades económicas. En México, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2010, existen dos millones 117 mil 984 empleadoras/es, de los cuales 404 mil 790 (19.1 %.) son mujeres y un millón 713 mil 194 (80.9%) son hombres. En tanto, en 2005 había 305 mil 407 mujeres (16.0%) y un millón 603 mil 135 hombres (84.0%).
Ocho de cada diez mujeres empresarias tienen entre 30 y 59 años de edad; cuatro de cada diez cuentan con una escolaridad de nivel medio superior y superior; en relación con la situación conyugal, seis de cada diez están casadas o unidas; 34.3 por ciento tienen la jefatura del hogar y 86.8 por ciento tiene hijos/as.
En cuanto al tipo de empresas que dirigen, según información de la ENOE, 84.1 por ciento de ellas se concentra en el comercio y los servicios. El tamaño de la unidad de negocio que lideran la mayoría (ocho de cada diez) es micro, es decir cuenta con un máximo de cinco empleados/as.
Tener una empresa significa para las mujeres generar ingresos personales y familiares, esto incide definitivamente en su autonomía económica, pues el nivel de ingreso de las empresarias es más elevado que el del total de la población ocupada de mujeres.
Los retos para las empresarias son dobles: por un lado, la problemática empresarial que tienen las microempresas. De acuerdo con la Secretaría de Economía, tienen poca inversión en tecnología, inadecuada organización interna, ausencia de redes de asociación entre las empresas, falta de capacitación laboral y gerencial, irregularidad administrativa y normativa.
Y por otro, la desigualdad de género que aún existe: a las mujeres culturalmente se les asigna la responsabilidad del cuidado de los/as hijos/as y del trabajo doméstico, además las convenciones sociales determinan que las empresas de las mujeres deben establecerse en el sector comercio, que es donde se tiene menores márgenes de utilidad en relación con el de servicios o la industria.
El tema del acceso al financiamiento revela que aún existe dificultad debido a que no siempre se consideran las necesidades particulares de las mujeres, sobre todo las que tienen que ver con las garantías que se solicitan para ser sujetos potenciales en el otorgamiento de créditos y otro tipos de beneficios financieros, de capacitación y de acceso a nuevas tecnologías.
El gobierno federal cuenta con una oferta en materia de financiamiento y capacitación para ellas: El Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas en Solidaridad (FONAES) son un ejemplo.
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