El mexicano promedio está obligado a cumplir con una serie de compromisos que de no ser resueltos satisfactoriamente en tiempo y forma, se verá forzado a enfrentar las consecuencias correspondientes.
Por ejemplo: la declaración mensual y anual ante Hacienda. Si el mexicano promedio no le hace las cuentas a “Lolita”, tendrá que pagar “lo que debe” más aparte los intereses moratorios o actualizaciones con las que se pena el atraso fiscal.
La tenencia: aunque en un acto de post y precampaña electoral, el Ejecutivo haya anunciado que el pago de la tenencia vehicular ha quedado derogado para el 2012, al menos el mexicano promedio de la Ciudad de México está obligado a cumplir con este tributo, ya que de lo contrario su vehículo no podrán acreditar la Verificación Ambiental. Aunado a esto, si el defeño tiene la mala suerte de que su unidad fue remitida por alguna razón al corralón, el propietario debe exhibir la tenencia pagada, pues si no, su vehículo no podrá salir.
Las contribuciones para la seguridad social y el retiro: Trátese de un trabajador al servicio del Estado o de un empleado en la Iniciativa Privada, en ambos casos se paga una cuota al ISSSTE o al IMSS según corresponda. Además de esta contribución obligatoria, también se tiene que destinar un porcentaje del salario al concepto de fondo de ahorro para el retiro (Afore). Con estas tributaciones obligatorias, el mexicano promedio tiene la ilusión que de enfermar o sufrir un accidente, el Estado se encargará de su rehabilitación. De igual forma el mexicano promedio se va haciendo a la idea de que conforme pasan los años irá generando un ahorro del que gozará cuando ya no pueda trabajar por su avanzada edad.
¿Y las garantías?
Señalados los tres ejemplos anteriores se desglosa una pequeña muestra de que mientras el mexicano promedio está obligado a cumplir con el Estado, éste último no corresponde en la misma proporción a este compromiso.
Peor tantito. De pronto, el mexicano promedio puede sentirse desesperanzado y limitarse a vivir al día con sus propios recursos, dejando de lado y sin importarle mucho los incumplimientos de la nación.
En consecuencia, el mexicano promedio planea el resto de sus días con los recursos que él mismo generó pero resulta que para gozar de la peleada pensión hay que emitir una solicitud que corre el riesgo de ser rechazada o ignorada.
¿Cómo se sentirá el mexicano promedio de 60 años o más cuando le digan que su pensión no llegará porque su solicitud es improcedente?
¿Cómo puede suceder esto? Al ingresar a una empresa de la iniciativa privada o a alguna dependencia u oficina de Gobierno, el departamento de recursos humanos le exige al aspirante una serie de documentos oficiales que se supone son registrados ante el IMSS o el ISSSTE. Por lo tanto hay una gran base de datos en el que está el historial de cada uno de los trabajadores que pertenece o perteneció al empleo formal.
A pesar de estos mecanismos, existen deficiencias que obstaculizan el trámite para obtener la pensión. Estos hoyos negros son reconocidos por el Gobierno Federal y con el "supuesto fin" de resolverlos implementa paliativos cuyo espontáneo diseño no garantiza la efectividad de los mismos. Tal vez la intención es buena pero el mexicano promedio está también obligado a dudar del buen corazón de sus autoridades, sobre todo porque esta iniciativa, al igual que la anulación de la tenencia, puede ser solo otra promesa de post-precampaña electoral. |
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