De acuerdo
al jurista, las características corporales juegan un rol determinante para que
el personal de los ministerios públicos
y cárceles asuman a priori la situación legal del inculpado y actúen en consecuencia, aseguran los
entrevistados del estudio Juicios orales vs tradicionales realizado por el Colegio
Jurista.
Así, los mecanógrafos
pueden asentar en el expediente su propia versión de los hechos y asentar cosas
que perjudican al acusado y existen casos documentados por Amnistía
Internacional donde indiciados, procesados o sentenciados en los que se registra
tal discriminación.
Tradicionalmente se
asumió la discriminación a las mujeres e indígenas en los sistemas de
impartición de justicia. De hecho, se acepta que el 70% de las encausadas sometidas
a juicios penales en el ámbito federal sufren algún tipo de discriminación
durante el proceso penal. Esta tendencia ha disminuido hasta 10 puntos
porcentuales en la última década pese a que cada vez más mujeres están
implicadas en delitos federales como el narcotráfico, refiere Manrique.
En las entrevistas realizadas
el 70% dijo que no creía que los indígenas sufrieran discriminación por estar
en el foco de las Comisiones de Derechos Humanos.
El Rector atribuye este hecho al gran énfasis social en
cuidar los derechos de las mujerese indígenas en todos los ámbitos. “Existe un
avance notable en la materia pero ahora surgen nuevas formas de discriminación
en México”.
Pero si bien
disminuyó ligeramente la discriminación femenil, en el último quinquenio aparecen
más tipologías de prejuicios en los juicios tradicionales y el 90% de ellos se
basan en la apariencia de los presuntos culpables: obesidad, color de piel y
rasgos étnicos se imponen a la hora de
determinar o no la implicación del acusados en actos delictivos. Otro factor
importante, vinculado también a la apariencia, es el nivel económico.
El 80% de los
entrevistados aseguró que no creían que los sometieran a un juicio transparente
y justo “porque no tenemos dinero”. Las percepciones económicas se ubican como
uno de los principales diferenciales entre la población, lo que concuerda con los datos de la
Conapred.
“Es paradójico que en
los centros encargados de la impartición de justicia prevalezcan estereotipos
de delincuentes”, comenta Manrique, quien menciona que se genera una fobia
social a quien no responde a los cánones de honorabilidad y estereotipos de ética y honradez. Esto, de acuerdo al jurista,
perjudica a la sociedad en general.
“Hace diez años
minorías y desprotegidos socialmente son los que mayor estigmatización
presentaban. Ahora se prejuzga a
personas por su color de piel de piel y se
desconfía de quienes padecen obesidad”.
De forma simultánea,
el imaginario popular asume que ser pobre es una característica del delincuente
y así aumentan los presos sin sentencia que en 80% de los casos corresponden a
personas con menores recursos”.
Para Manrique, esta
discriminación podría disminuir al imponerse
más juicios orales sobre tradicionales porque existe un manejo más
transparente de los hechos mientras la secrecía delictiva, que permanece en los
juicios tradicionales, genera opacidad y estigmatización.
“En los últimos años
todos los mexicanos fuimos sometidos a una narcocultura en la que aprendimos a
identificar a priori a los criminales. Primero optamos por las minorías,
después extendimos nuestro temor a todos. La discriminación parte de una
cultura de miedo. A esto debemos sobreponer la legalidad sobre nuestros propios temores y estigmas, y
una manera de generar más certidumbre y transparencia en la impartición de
justicia es a través de los juicios orales, donde las decisiones de
culpabilidad o inocencia no se limitan a creencias, sino a hechos concretos”,
finalizó Manrique.
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