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viernes, 2 de marzo de 2012

El MP discrimina


En los juicios tradicionales en México prevalece la discriminación hacia posibles victimarios asegura el Rector del Colegio Jurista, Jorge  Manrique, quien asegura que la obesidad, color de piel, preferencias sexuales y nivel económico  generan los principales prejuicios en los ministerios públicos del país de acuerdo a 1200 entrevistas realizadas a detenidos durante octubre y noviembre de 2011.

De acuerdo al jurista, las características corporales juegan un rol determinante para que el personal de los  ministerios públicos y cárceles  asuman a priori  la situación legal del inculpado  y actúen en consecuencia, aseguran los entrevistados del estudio Juicios orales vs tradicionales realizado por el Colegio Jurista.
Así, los mecanógrafos pueden asentar en el expediente su propia versión de los hechos y asentar cosas que perjudican al acusado y existen casos documentados por Amnistía Internacional donde indiciados, procesados o sentenciados en los que se registra tal discriminación.
Tradicionalmente se asumió la discriminación a las mujeres e indígenas en los sistemas de impartición de justicia. De hecho, se  acepta que el 70% de las encausadas sometidas a juicios penales en el ámbito federal sufren algún tipo de discriminación durante el proceso penal. Esta tendencia ha disminuido hasta 10 puntos porcentuales en la última década pese a que cada vez más mujeres están implicadas en delitos federales como el narcotráfico, refiere Manrique.
En las entrevistas realizadas el 70% dijo que no creía que los indígenas sufrieran discriminación por estar en el foco de las Comisiones de Derechos Humanos.
El Rector  atribuye este hecho al gran énfasis social en cuidar los derechos de las mujerese indígenas en todos los ámbitos. “Existe un avance notable en la materia pero ahora surgen nuevas formas de discriminación en México”.
Pero si bien disminuyó ligeramente la discriminación femenil, en el último quinquenio aparecen más tipologías de prejuicios en los juicios tradicionales y el 90% de ellos se basan en la apariencia de los presuntos culpables: obesidad, color de piel y rasgos étnicos se imponen a  la hora de determinar o no la implicación del acusados en actos delictivos. Otro factor importante, vinculado también a la apariencia, es el nivel económico.
El 80% de los entrevistados aseguró que no creían que los sometieran a un juicio transparente y justo “porque no tenemos dinero”. Las percepciones económicas se ubican como uno de los principales diferenciales entre la población,  lo que concuerda con los datos de la Conapred.
“Es paradójico que en los centros encargados de la impartición de justicia prevalezcan estereotipos de delincuentes”, comenta Manrique, quien menciona que se genera una fobia social a quien no responde a los cánones de honorabilidad  y estereotipos de  ética y honradez. Esto, de acuerdo al jurista, perjudica a la sociedad en general.
“Hace diez años minorías y desprotegidos socialmente son los que mayor estigmatización presentaban. Ahora  se prejuzga a personas por su color de piel de piel y se  desconfía de quienes padecen obesidad”.
De forma simultánea, el imaginario popular asume que ser pobre es una característica del delincuente y así aumentan los presos sin sentencia que en 80% de los casos corresponden a personas con menores recursos”.
Para Manrique, esta discriminación podría disminuir al imponerse  más juicios orales sobre tradicionales porque existe un manejo más transparente de los hechos mientras la secrecía delictiva, que permanece en los juicios tradicionales, genera opacidad y estigmatización.
“En los últimos años todos los mexicanos fuimos sometidos a una narcocultura en la que aprendimos a identificar a priori a los criminales. Primero optamos por las minorías, después extendimos nuestro temor a todos. La discriminación parte de una cultura de miedo. A esto debemos sobreponer la legalidad  sobre nuestros propios temores y estigmas, y una manera de generar más certidumbre y transparencia en la impartición de justicia es a través de los juicios orales, donde las decisiones de culpabilidad o inocencia no se limitan a creencias, sino a hechos concretos”, finalizó Manrique.

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