Leyes laxas en lavado de dinero

Huecos legales favorecen el lavado de dinero en México aseguró el Rector del Colegio Jurista, Jorge Manrique

El “blanqueo” de dinero es un delito muy complejo, difícil de acreditar y en ocasiones entre las autoridades hay problemas jurisdiccionales y existen complicaciones en la normatividad.

“Las averiguaciones previas son muy complejas y requieren de peritos contables para emitir sus dictámenes. Para  proceder penalmente contra recursos de procedencia ilícita se tiene que contar con  una denuncia de la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, existen procesos de lavado de dinero que no tocan  al sistema financiero”, refiere el jurista.

El delito incorporado en 1996 al código penal en el artículo 400 bis que autofinancia  actividades delictivas del crimen organizado, genera  inestabilidad económica por la movilización de grandes capitales,  propicia desconfianza de la inversión internacional hacia nuestro país y consecuentemente afecta la seguridad laboral “jurídicamente está cojo. Por Ello, “aunque en algunos casos se sabe que se opera con recursos que provienen de una actividad ilícita no se puede hacer la detención”, dice el Rector.

Menciona inconsistencias en la ley contra lavado de dinero: se propone que sean los contadores públicos, abogados, auditores, agentes inmobiliarios, comerciantes de bienes y servicios, fedatarios públicos y otros profesionistas que intervienen en movimientos de capitales financieros, los que denuncien a las autoridades ministeriales las transacciones que pudieran provenir del lavado de dinero, pero se exime a las instancias bancarias de informar sobre millonarios movimientos financieros.

“El pretexto es que los centros financieros ya son regulados e investigados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero en la política bancaria se premia con comisiones y ascensos la apertura de cuentas pero no el control de las mismas, como ocurrió en HSBC”, comentó Manrique.

En el marco de diferentes alianzas estratégicas que realiza el Colegio Jurista para actualizar el conocimiento en materias  financieras y contables, el Rector comentó que una de las problemáticas entre las diferentes autoridades son los conflictos para establecer a que instancia le corresponde actuar. “Y esto se traduce en una dilación en la procuración de justicia y aumento de la  impunidad”.

De acuerdo al jurista, tiene que simplificarse el sistema y contar con controles básicos de identificación en lugar de poner “topes” inoperantes que sólo dificultan las actividades productivas pero que no inhiben el blanqueo de activos.

Así,  se prohíbe el pago por más de 6 mil 410 salarios mínimos (399 mil 535 pesos), en la adquisición de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, se tienen que reportar las adquisiciones de joyas o materiales preciosos por más de 805 salarios mínimos (50 mil 175 pesos) y se avisa a la Secretaría de Haciendo cuando un usuario de tarjetas créditos gasta más de mil 285 salarios mínimos (80 mil 94 pesos) pero no se regula quién abre una cuenta en el extranjero o genera fideicomisos, fundaciones u organizaciones fantasmas.

“Mientras la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene que presentar las denuncias penales cuando detecte operaciones irregulares,  los sectores involucrados carecen de capacitación continua que les permita detectar operaciones financieras ilícitas.

“Simplemente, aún no tenemos claros los principales sistemas de lavado de dinero. Se abren cuentas a diestra y siniestra en paraísos fiscales y sólo nos contentamos en presumir que la PGR contará con la Unidad de Análisis Financiero, encargada de investigar las operaciones financieras que presuntamente se hagan con dinero ilícito”, concluye Manrique.