El Instituto Nacional de las Mujeres
(INMUJERES), en coordinación con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP),
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y con la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), presentó el libro
“Monitoreo de la Política Nacional para la Igualdad en los tres Poderes y
Ordenes de Gobierno”, donde se cuenta del progreso y avances en la
transversalización de la perspectiva de género, necesaria para garantizar la
equidad en diversos ámbitos de la vida de las mujeres mexicanas.
En este libro se dan a conocer los resultados
de la investigación que tuvo como propósito evaluar los avances en la
incorporación de la perspectiva de género en la normatividad interna del Poder
Judicial de la Federación, del Poder Judicial en las entidades federativas, del
Congreso de la Unión y de los congresos locales de las entidades federativas,
así como en las dependencias y entidades federales y estatales.
Asimismo, se hizo un monitoreo de la
legislación y los mecanismos existentes en materia de igualdad y violencia
contra las mujeres en las entidades federativas y se buscó identificar en las
legislaciones electorales federales y estatales la existencia de acciones
afirmativas a favor de la igualdad, como las cuotas de género, y corroborar si
estas legislaciones se cumplen en la práctica.
También se buscó identificar la existencia de
centros o programas de estudios de género en las universidades de las 32
entidades federativas, así como la presencia de vínculos entre estos programas
y las instancias de las mujeres y, finalmente, indagar si los Congresos locales
de las 32 entidades federativas etiquetan presupuesto para la igualdad entre
mujeres y hombres y si éste se plasma en algún ordenamiento.
Entre los principales resultados destaca que
la evaluación de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas
(IMEF) obtuvo como resultado un nivel de cumplimiento medio: en 28 estados se
reportan avances parciales en materia de igualdad de género; sus acciones se
enfocan principalmente en la prevención y atención de la violencia hacia las
mujeres.
El Poder Judicial estatal se coloca en un
nivel de cumplimiento medio. 17 estados presentan rezagos significativos
respecto del desarrollo de acciones a favor de la igualdad de género y contra
la violencia hacia las mujeres. En 15 estados se reportaron avances
elementales.
El Poder Legislativo estatal tiene un
desempeño bajo. Existe desconocimiento de las acciones y se aprecia una disputa
por aquellas que favorecen al partido titular de cada Comisión más que por la
defensa de temas que son importantes para la entidad federativa.
En el Poder Ejecutivo federal se publicó la
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pero no así su
reglamento. También existe el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres, el Programa de Cultura Interinstitucional y el Sistema Nacional para
la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que sesiona regularmente. Cinco de las
siete instituciones consideradas en el estudio se ubicaron en un alto nivel de
cumplimiento y ninguna se encontró en un nivel bajo.
En el Poder Judicial federal, el nivel de
desempeño fue medio y alto, según se trate de las instituciones que lo
conforman. Se ha capacitado a la mayoría de los secretarios de estudio y
cuenta, quienes hacen el trabajo de base, pero también a jueces y magistrados.
Los cursos se han orientado más hacia la profesionalización que a la
sensibilización y sus resultados son muy satisfactorios en la medida en que se
ven reflejados en las sentencias. Los jueces desean tomar estos cursos, pues
los consideran de calidad, aun cuando tengan que dedicarles tiempo. Si bien la
capacitación a jueces y magistrados ha sido exitosa, se necesita ampliarla a la
mayoría de ellos.
En el Poder Legislativo federal existen
rezagos en todos los temas explorados. Es necesario hacer modificaciones a las
leyes relacionadas con las cuotas de género para que éstas se respeten, ya que
en la realidad en lugar de lo estipulado (40% de mujeres y 60% de hombres), las
cuotas de candidaturas son en realidad de 27.6 por ciento para las mujeres y de
72.4 por ciento para los hombres. Los encuestados opinaron que el cambio debe
venir de los partidos políticos, que aún tienen una cultura machista y
desmotivan la participación de las mujeres y luego legislar para la alcanzar la
paridad.
En el ámbito federal, el presupuesto
etiquetado para género ha ido en aumento con los años, pero se registra en
muchas dependencias e instancias un uso ineficiente y un escaso monitoreo del
mismo.
Si bien las dependencias han recibido cada
vez más recursos etiquetados para la igualdad por parte del Congreso, en muchos
casos la capacidad para ejercerlos, especialmente en lo relativo a recursos
humanos, está por debajo de los montos recibidos y se termina en el
subejercicio o en el deterioro de la calidad de los productos.
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