La información financiera generada en los 2,440
municipios de México puede ser un desperdicio sino existe personal capacitado
que interprete estos datos y los aplique en mejores decisiones financieras.
Incluso, en el 30% de los municipios el informe económico se realiza de manera
empírica y poco clara todavía, aunque por ley el plazo para presentar los
estados contables vence este año,
asevera Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista.
De acuerdo a Manrique, aunque se genere una minuciosa
información contable de manera periódica, si no existe quien interprete estos
datos y los aplique, se generará una paralización de acciones que frenen el
desarrollo municipal. “hablamos de más de 1,000 municipios conservadoramente”,
remarca el vocero del Colegio Jurista.
El especialista comenta, asimismo, que a la poca pericia
contable en algunos ayuntamientos se suma el desconocimiento de cómo aprovechar
la información generada para medir la efectividad de sus acciones, el
cumplimiento de sus compromisos y para integrarla adecuadamente a la de otros
entes públicos.
Si dentro de cada Municipio la información no se utiliza
periódicamente para realizar cambios de rumbo en rubros específicos, “se
desaprovechará una gran oportunidad para contribuir al fortalecimiento de las
condiciones económicas del país desde la base administrativa”, comenta
Manrique.
Seguramente, algunos Municipios “cuentan entre sus miembros
a expertos en el análisis de esta información y son capaces de realizar
observaciones y recomendaciones operativas y administrativas, pero en otros donde nadie realiza esta función, y
se genera información periódica sin análisis que derive en acción, es un desperdicio”,
resume el Rector.
El jurista menciona que en México existen 2,440
Municipios sin considerar por supuesto las 16 Delegaciones del Distrito
Federal. Algunos cuentan con estructuras operativas complejas y con millones de
habitantes mientras otros “no poseen ni los más elementales recursos y tienen
por residentes a unos cientos de personas”.
Además de esto, en los Municipios existen condiciones
climáticas, geográficas, sociales y económicas diferentes, inclusive en los ayuntamientos de un mismo
Estado. Esto genera que en nuestro país exista una base administrativa
heterogénea.
Para organizar y administrar en la mejor forma posible
estas diferentes condiciones, el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
“Esta ley busca establecer los criterios generales que regirán la contabilidad
gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos. Así
busca su armonización en los Poderes de la Unión y en los niveles de Gobierno”.
A más tardar el 31 de diciembre de 2012, los
Ayuntamientos están obligados a producir información contable que incluya estado
de situación financiera, variación en la hacienda pública, cambios en la situación financiera, notas a
los estados financieros y estado analítico del activo.
“También requieren la información presupuestaria que
incluya estado analítico de ingresos que presente la clasificación económica
por fuente y concepto y el estado analítico del ejercicio del presupuesto de
egresos con clasificaciones administrativa, económica y por objeto del gasto y
funcional – programática”.
De acuerdo a Manrique, “el plazo establecido apremia,
pero materialmente el objetivo no solo es alcanzable, sino indispensable para
conducir adecuadamente las finanzas públicas en México. Sin información veraz,
oportuna, conexa y comparable, no puede administrarse adecuadamente un negocio,
mucho menos un país”.
La formulación y publicidad de las observaciones y recomendaciones de los especialistas financieros a los Ayuntamientos pueden:
- Brindar a los Ayuntamientos consideraciones analíticas sobre alguna situación oportunamente.
- Proporcionarles sugerencias que les permitan administrar los Municipios en forma más eficiente.
- Darles información útil para mejorar el ejercicio de su presupuesto.
- Proveer a los ciudadanos de un Municipio determinado una interpretación coloquial del estado que guarda la administración de ese Ayuntamiento.
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