Cada año se revocan
en promedio 1,180 programas de
licenciatura en México pero aparecen 2,000 más en ese lapso a los que falta
calidad académica y pasan a engrosar la fila de universidades “patito” en el
país que ofrecen las carreras de mayor demanda: contabilidad, administración,
ingeniería mecánica, pedagogía, derecho y medicina.
Jorge Manrique,
Rector del Colegio Jurista, asevera que existen instituciones donde se frece un
título universitario por 25 mil pesos
“incluso sólo con un mes de clases”, porque en los últimos 12 años bastaba dar
de la alta la universidad en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Hacienda
para acreditar la apertura de un negocio.
“Jurídicamente existe
un vacío legal para definir los elementos que debe tener una universidad y los
requisitos que deben tener sus planes de estudios”, remarca el jurista.
Por otra parte, durante las dos últimas administraciones
federales, “la Secretaría de Educación Pública eliminaba programas académicos
apócrifos y cancelaba permisos, sin que se diera a conocer de manera pública.
Los fraudes contra los alumnos continuaban y así se abría cada vez más la
brecha entre universidad y empresa” dice Manrique.
Con esto, inició la
percepción errónea de que no existían oportunidades laborales para los
egresados. “Lo cierto es que existe gran
demanda de profesionistas calificados y no de quienes siguieron programas académicos simplistas y obsoletos
que desconocen los requerimientos de
conocimientos y destrezas en el mercado laboral”, dice el experto.
Así, “muchos
estudiantes pagan por el título pero esto no los capacita para generar ideas y
soluciones las áreas donde se graduaron. Se forman licenciados de papel”,
refiere el Rector quien asegura que el
ejército de las universidades patito creció al amparo de la opacidad.
“La SEP tiene un portal
donde el estudiante que tiene el número
de acuerdo puede verificar si su licenciatura tiene o no vigencia el Reconocimiento
de Validez Oficial”.
Para ello, “hay
muchas lagunas jurídicas, pues las autorizaciones y reconocimientos oficiales se otorgan cuando los
particulares cuentan con personal que acredite la preparación adecuada para
impartir educación. Así hay casos de “presta títulos” para cumplir el requisito
y vagamente se enuncia que se deben cumplir con los planes y programas
de estudio que las autoridades competentes determinen”, finaliza Manrique.
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