Acuatro años de haber sido promulgada, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es considerada "inoperante" por organismos civiles. Chihuahua y BC, con los más altos índices: INEGI
Hace cuatro años, en febrero de 2007, entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero hasta la fecha es inoperante e incluso se ha querido utilizar con fines políticos.
Esta normatividad fue promovida por el gobierno federal y aprobada por la Cámara de Diputados con el propósito de prevenir, atender, sancionar y erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. Pero a 48 meses de distancia, los niveles de violencia, acusan organismos civiles, son los mismos y los feminicidios aumentaron en algunos estados de la República.
Adicionalmente, el gobierno federal ha violado algunas disposiciones de dicha ley al publicar con nueve meses de retraso el reglamento respectivo, y al no haber elaborado hasta ahora el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, instrumento a partir del cual debían elaborarse una serie de políticas públicas en la materia.
Desde que entró en vigor la ley, cada año se asignan 30 millones de pesos, de los cuales la mitad debería ser destinada para la elaboración de dicho banco, y otro tanto para el Fondo Nacional para la Alerta de Género, mecanismo que tampoco se ha puesto en marcha y que tiene a su cargo la Secretaría de Gobernación (Segob).
“Toda esta inacción va en demérito de la vida de las mujeres, que en este país no cuentan con mecanismos reales de prevención, atención y sanción de la violencia. Aún hay autoridades que reducen los feminicidios a una problemática de violencia doméstica, que piden a las mujeres que sean ellas mismas las que notifiquen a la pareja maltratadora de la denuncia que han presentado en su contra y que politizan el asunto al negarse a declarar las alertas de género, dejando desprotegidas a las mujeres”, señala María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
Y por si fuera poco, el tema ya tomó tintes políticos. El pasado 12 de enero, el titular de la Secretaría de Gobernación, Francisco Blake Mora, lamentó que el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres desechara el procedimiento para declarar una “alerta de género” en el Estado de México, ante el número de asesinatos cometidos en esa entidad.
Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2009 el Estado de México estaba en el lugar número 11 de las cifras nacionales de feminicidios, con una incidencia de 3.67 asesinatos por cada 100 mil mujeres.
En contraste, el estado de Baja California, en el cual Blake Mora fue secretario de Gobierno, ocupa el segundo lugar con una incidencia de 10.11 homicidios por cada 100 mil mujeres.
De acuerdo con datos del INEGI, entre 2007 y 2009, periodo en que Blake Mora fungió como secretario de Gobierno de esa entidad, la incidencia de homicidios de mujeres se incrementó de 1.81 a 10.11.
La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Estela Durán, secretaria de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, cuestiona que la protección de las mujeres esté supeditada a intereses de carácter político y con fines electorales, pues dijo que en el Estado de México no hay una situación tan grave —si se toma en cuenta su densidad poblacional—, como sí la hay en otros sitios como Chihuahua, Baja California, Morelos y Quintana Roo.
El INEGI reporta que en 2009 los primeros 10 estados con mayor incidencia de este delito son Chihuahua (13.09), Baja California (10.11), Guerrero (10.07), Durango (7.10), Sinaloa (6.00), Sonora (5.09), Tamaulipas (4.51), Oaxaca (3.82), Michoacán (3.78) y Nayarit (3.69).
¿Para qué la ley?
Datos de la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares (2006) señalan que en México 67 de cada 100 mujeres mayores de 15 años de edad han padecido algún tipo de violencia. En 43.2% de los casos la ejerce su compañero.
Apenas el viernes pasado, la Procuraduría de Justicia del Estado de Sinaloa recibió el reporte de un caso de violencia doméstica en Mazatlán, que culminó con el asesinato de la víctima.
Según testimonios de los vecinos, la pareja discutía minutos antes de que Laura Ríos, de 19 años de edad, fuera encontrada sin vida en el interior de su departamento con las heridas provocadas por los golpes que le propinaron con un tubo. Su pareja huyó.
El problema de la violencia doméstica, dice Regina Montero, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es que ya no se reduce al ámbito del hogar, “precisamente porque no hay mecanismos adecuados de atención, ahora son hechos que salen a la luz pública pero porque desgraciadamente, en muchos de los casos, las mujeres llegan a perder la vida, y cuando es un patrón que se repite entonces hay que poner una alerta roja porque hablamos de feminicidios, de asesinatos cometidos contra mujeres por su condición de género y eso ocurre en la mayor parte del país”, dijo la académica.
La organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia asegura que en los últimos 18 años, 7 mil 765 mujeres han sido asesinadas. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio documentó de enero del 2009 a junio de 2010, mil 728 feminicidios en 18 estados.
Y el INEGI, en sus estadísticas sobre mortalidad 2005-2009, reportó un incremento en la incidencia de homicidios de mujeres de 2.45 a 3.52.
María de la Luz Estrada, del Observatorio Nacional, dice que precisamente por toda esta numeralia que da cuenta de la violencia que viven las mujeres en el país fue que se requería de la promulgación de una ley que estableciera una serie de parámetros y políticas públicas encaminadas a solucionar este fenómeno cultural que es considerado por el gobierno mexicano como un asunto de salud pública.
“Esta ley es una de las más importantes en la región latinoamericana, es un referente en la lucha de las mujeres contra la violencia de género porque abarca todos los tipos de violencia, no sólo la doméstica. Ahora, lo que se necesita es que opere”, reitera.
Es inoperante, dice, porque apenas el año pasado todos los estados del país cuentan con una ley estatal en la materia, y porque aún Campeche, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Durango, Sonora y Tamaulipas no tienen un reglamento que permita saber a las autoridades estatales y municipales qué acción les corresponde llevar a cabo para atender la problemática.
Rechazos a declaratoria
A nivel federal, agrega Estrada, hay una serie de obstáculos que impiden la aplicación de mecanismos como la llamada alerta de género.
La ley, que entró en vigor el 2 de febrero de 2007, establece que la alerta de género funciona para establecer acciones de emergencia que permitan enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado.
El artículo 24 de la ley general señala: “La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame; cuando exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres y cuando las organizaciones de derechos humanos a nivel nacional o internacional así lo soliciten”. La instancia encargada de declarar la alerta respectiva es la Secretaría de Gobernación.
El Observatorio Nacional ha presentado tres solicitudes para que se declare la alerta de género en tres entidades del país, que son Oaxaca, Guanajuato y el Estado de México.
En el caso de Oaxaca no se decretó porque nos dijeron que no teníamos pruebas suficientes, y que requerían más datos y testimonios, pero les recordamos que la alerta se debe declarar para que ellos investiguen y no nosotros”, explicó Estrada.
En Oaxaca, según información del INEGI, la incidencia de homicidios en 2009 fue de 3.82, superior a la media nacional, que es de 3.52.
“En Guanajuato la solicitamos para el caso de las mujeres que abortaban por violación y eran encarceladas, y la Secretaría de Gobernación rechazó declarar la alerta diciendo que se violaba la soberanía del estado”.
“Y en el caso del Estado de México también se rechazó a pesar de que dimos toda la información disponible”. Dicha organización informó que entre 2006 y 2009 fueron asesinadas 680 mujeres, y sólo en 76 de los casos se emitieron sentencias.
“La alerta de género es un mecanismo novedoso porque es una medida de protección comunitaria, pero por desgracia se ha politizado, y las autoridades se niegan a decretarla por intereses partidistas y electorales”.
María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, dice que en el caso de Guanajuato no se aprobó la alerta porque se hizo un análisis comparado de la legislación sobre aborto, “y querían que se legislara como en el Distrito Federal”.
Dimensionar el problema
La investigadora de la UNAM Regina Montero duda de la eficacia de políticas públicas si no se sabe cuál es la dimensión real del problema, y si no se parte de una base de información que permita localizar los puntos rojos que hay que atender.
La ley general establece para ello la conformación de un Banco Nacional de Datos sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, que estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Dispone que dicho banco deberá integrarse 365 días después de la conformación del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. El sistema llevó a cabo su primera sesión el 11 de mayo de 2007, por lo que hay tres años de retraso.
María Elena Álvarez, funcionaria del Instituto Nacional de las Mujeres —instancia que ocupa precisamente la secretaría ejecutiva de ese sistema—, dice desconocer qué tan avanzada está la conformación del banco de datos. “Nuestro Centro de Información y Documentación está en contacto con la Secretaría de Seguridad Pública... les preguntaremos cómo va”.
Lamenta que la violencia contra las mujeres no haya disminuido a pesar de la existencia de una ley federal, aunque asegura que un avance es que el problema ahora sea más visible.
“No basta con ver el problema, hay que actuar y dar resultados para que no mueran más mujeres víctimas de la violencia en este país”, considera Marisela Ortiz, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, en Ciudad Juárez, Chihuahua. (Fuente: EL UNIVERSAL)
No hay comentarios:
Publicar un comentario