El 80% de los programas académicos son teóricos y el 72% de las asignaturas no se vinculan directamente al campo laboral en las universidades mexicanas, donde se privilegia la capacitación y no el entrenamiento práctico según Jorge Manrique, Rector del Colegio Jurista.
De acuerdo al experto, “el trabajo social se limita a
realizar sencillas labores administrativas en las compañías, la mayoría del
sector gubernamental, y se carece de convenios de colaboración entre la
iniciativa privada y las universidades que generen alianzas estratégicas que
beneficien a la sociedad en general”.
Así, “menos del 5% de los convenios entre universidad e
iniciativa privada corresponden a desarrollos científicos y tecnológicos. El
57.5% a prácticas profesionales, 18.6% servicio social y 4.2% a capacitación y
educación continua”.
Sin embargo, la Iniciativa Privada argumenta alto
burocratismo, falta de preparación y recursos en las universidades para
considerarlos aliados estratégicos para la investigación y el desarrollo
empresarial. “Una queja frecuente entre los líderes de negocios es que los
estudiantes no tienen la madurez y conocimientos para desempeñar tareas
cotidianas de trabajo”.
Para el jurista, esto se debe a que en las universidades
el rol de formadores es preponderante y la función práctica, de capacitación
laboral, se minimiza al 10% en los programas académicos.
“Esto es válido para todas las profesiones, pero sobre
todo en aquellas consideradas tradicionales como Derecho o Medicina, o
altamente demandadas o de moda como Criminalística, Comunicaciones e incluso
Gastronomía”, refiere el Académico.
Por ello, las universidades no sólo deben
generar bolsas de trabajo, sino analizar
cómo elevar los estándares académicos de las universidades. “La actualización
de los planes de estudio es necesaria para que nuestros egresados puedan ejercer eficientemente en el campo laboral”,
refiere Manrique.
Sin embargo, “debemos establecer un balance
en el que se valore el conocimiento por sí mismo y de forma simultánea
estimulemos la educación por competencias o saberes de ejecución. Es decir, el
reto de la universidad actual es conocer y saber hacer, no anteponer un factor
al otro porque al optar por uno de estos objetivos disminuiríamos el papel del profesionista, lo
convertiríamos en un teórico o en un operario y el debe ser capaz de efectuar
ambas tareas que generan transformaciones tangibles en la sociedad”.
Para Manrique, que participa activamente en
programas de actualización, debe mediarse entre la educación por competencias y
la educación formativa.
“El conocimiento tiene un valor en sí mismo,
pero la aplicación debe reforzarse mediante el desarrollo de destrezas y
habilidades que les permitirán a los graduados competir de manera eficiente en
el mercado laboral”.
El Rector de la institución que será sede del
Concurso Nacional de Litigio Oral en mayo, aseguró que la información y
formación son esenciales para conformar marcos referenciales, y a partir de
ellos impulsar la flexibilidad y adaptación acorde a las demandas del
mercado laboral.
“En un mundo en cambio continuo, resulta necesario
remarcar que la actualización es una cuestión de todos los días. El
profesionista debe estar al tanto de los conocimientos, destrezas y habilidades
que debe desempeñar para responder a las demandas cambiantes de la sociedad”,
mencionó finalmente Manrique.
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