Las 12,000 empresas
de seguridad privada que existen en México son el sector que más ganancias
obtuvo con la guerra al crimen organizado porque los delitos de alto impacto
social crecieron al menos 300% durante los últimos seis meses, lo que reportó
que estos servicios triplicaran sus costes.
“La percepción de
terror e inseguridad generó que los contratos a las empresas de seguridad
privadas se multiplicaran exponencialmente
y se aseguran altas canonjías a este sector que logró disminuir permisos de operación e incluso se les
permitió la portación de armas de fuego”, dijo Jorge Manrique, Rector del
Colegio Jurista.
Así, existen
múltiples arbitrariedades por parte de guardias de seguridad privados que
suelen detener ilegalmente a posibles infractores y amagar al público en
general con licencias para “detener” a los ciudadanos, vejarlos e incluso herirlos.
“En las sociedades
donde impera el hampa y se les da carta libre a las empresas de seguridad
privada, se acepta de facto la violación a los derechos humanos y el que
personas sin preparación ni ética gobiernen empresas, colonias, centros
comerciales, de espectáculos y salas de arte”, dice Manrique.
El Rector asevera que
en estas compañías de seguridad privada, el 97% del personal proviene de
policías dados de baja en sus corporaciones por malas prácticas, pero también elementos del ejército desechados e incluso
delincuentes comunes.
“El problema es tan
grande como el rápido crecimiento de estas compañías que ahora exigen que las policías
estatales no realicen servicios de seguridad privada para tener una tajada de
mercado más grande. De aceptarse esto los gobiernos cederían totalmente su
control en áreas claves como la seguridad”, manifestó Manrqiue.
Para ejemplificar lo
dicho, el Rector mencionó las detenciones ilegales que realizan los servicios
de seguridad en los centros comerciales de la Ciudad de México donde detienen
ilegalmente a involucrados en robo
hormiga por varias horas, las llamadas
“cerrazones” a quienes al conducir no ceden el paso a sus vehículos, intimidaciones y golpes a quienes osan
mirarlos “feo” en centros de espectáculos o deportivos e incluso a propinar
golpiza a quienes consideran “necesario”.
Uno de los últimos
casos de los “guaruras con licencia para matar” ocurrió en Tlalnepantla, Estado
de México, donde “al menos diez guardias de seguridad privada tiraron a patadas
a un joven por tratar de ingresar a un lienzo charro con aliento alcohólico. Lo
golpearon hasta dejarlo inconsciente”, relata el jurista.
Para Manrique, es
necesario regular las empresas de seguridad privada, vigilar estrictamente los
permisos para actuar y el personal con el que cuentan estas compañías además de
eliminar las autorizaciones para portar armas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario