“Como cualquiera puede
comprar y vender bienes raíces sin registrarse ante una entidad pública, hasta
siete de cada 10 operaciones se realizan
en total informalidad y evasión fiscal. De manera paralela aumentan los fraudes
en este sector por la multiplicación de inmobiliarias fantasmas”, refiere
Manrique.
Ya que en el país no
existe ninguna ley que regule al comercio inmobiliario, es un paraíso para
lavar dinero, cometer fraudes o no pagar impuestos. “El vacío legal del sector
genera fraudes en la compra-venta de una propiedad. El caso más común en
inmuebles usados es comercializar propiedades ajenas mientras en inmuebles
nuevos es vender conjuntos habitacionales, espacios comerciales e incluso
parques industriales con simples renders y showrooms”, menciona el jurista.
Existen casos de fraudes
de diversos montos. El ex tesorero de los hijos de Martha Sahagún, Víctor
Gandarilla realiza modestos bazares en los que se tima desde locatarios a
proveedores, mientras un grupo de publicistas
inventa el concepto de grandes
conjuntos residenciales y comerciales en Santa Fé –Prolongación Paseo de la
Reforma- donde curiosamente no existen tiendas anclas sino que se destina a
pequeñas boutiques y posterga la entrega hasta en tres años.
“En el fraude juega un
papel relevante la seducción de un concepto. El adquirir algo con descuentos de
preventa es un gancho efectivo, al igual que la rápida venta de un inmueble. La
ilusión genera importantes pérdidas patrimoniales”, refiere Manrique.
Por otra parte, la
compra-venta de inmuebles es uno de los sectores predilectos para el lavado de
dinero ilícito procedente de narcotráfico, secuestro o extorsiones. “Los montos
de operación son altos y permiten el blanqueo de capitales procedentes de otros
países a donde se genera la transacción o en diferentes entidades”, comenta el
jurista quien advierte que existen más fraudes en propiedades de segundo uso
por una cuestión estadística: superan en 300% a los inmuebles nuevos.
“Dado que cualquier persona puede vender inmuebles sin
la necesidad de registrarse en la Secretaría de Hacienda o alguna dependencia
municipal o estatal, ese anonimato incita a que los estafadores vedan o renten
terrenos y casas usadas sin el permiso de sus propietarios o vendan ideas sin
ladrillos”, finaliza Manrique.

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